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La acreditación de la violencia de género

Otros títulos para acreditar una situación de violencia 

Antes, solo valía contar con una medida de protección a favor de la víctima, ahora mismo se permiten otros títulos administrativos para acreditar la situación de violencia. Así lo dispuso recientemente una Resolución de la Secretaría de Estado e Igualdad del Gobierno de España, por la que se ha dado un paso hacia adelante para garantizar a las mujeres trabajadoras “Víctimas de Violencia de Género” que puedan acceder a las garantías y derechos previstas en el ordenamiento jurídico. 

 

1. La Ley Integral de Protección contra la Violencia de Género:

 

España es pionera en una Ley para protección de las mujeres contra la violencia Machista. Con la Ley O 1/2004, del 28 de diciembre, fue de los primeros países en dictar una Ley Orgánica e implementar medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar esta lacra social, así como, para prestar asistencia a las Víctimas.

 

No obstante, a medida que se ha ido evolucionando en el marco conceptual y se ha consolidado la protección a través de tratados internacionales sobre la materia que imponen adecuar la legislación interna, ha sido objeto de varias modificaciones, entre estas la del Art. 23 que regula la acreditación de las situaciones de violencia para las trabajadoras.

 

Dicho Art. 23, en su redacción vigente (conforme a la última modificación introducida por Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes), regula sobre los títulos que se deben acreditar para que una víctima de violencia de género pueda ser beneficiaria de algunos derechos laborales y de la Seguridad Social que se le reconocen en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley General de la Seguridad Social.

 

Se ampliaron las posibilidades para probar que se es Víctima de violencia de género y poder hacer uso de la reducción a la jornada de trabajo, derecho a la movilidad geográfica, a la suspensión o extinción del contrato de trabajo, o al de la pensión de jubilación anticipada entre otros.

 

El objetivo no era otro diferente a procurar el desarrollo de las medidas previstas en la legislación laboral, conforme a lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (ratificado en 2017). Así fue que, el Real Decreto de medidas urgentes en 2018, introdujo dicha modificación pretendiendo concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes que acreditaran la condición de víctima de violencia de género, y dejó abierta la posibilidad a otros "títulos no judiciales habilitantes" en aquellos casos en los que no hay denuncia y tampoco exista procedimiento judicial abierto.

 

2. Títulos habilitantes para acreditar la violencia (Art. 23 LO 1/2004)

 

1. Una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género;

 

2. Una orden de protección o cualquier resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima;

 

3. El Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género;

 

4. Un informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente;

 

5. O, por cualquier otro título (acreditación administrativa), siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

 

Con relación a estos últimos, dependerá de los servicios sociales de cada Comunidad Autónoma, conforme a los recursos que se destinen para la prevención y atención contra la Violencia de Género; son estos los que tienen que expedir la correspondiente acreditación administrativa y requerirá la valoración previa del equipo de intervención/ asistencial del servicio social, servicio especializado o cualquier otro al que esté acudiendo la persona usuaria. 

 
 

3. Situaciones en las que cabria la solicitud de una acreditación Administrativa. 

 

Muy importante, a tener en cuenta, es que se debe estar en cualquiera de estas situaciones:

 

–Víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar.

 

–Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído.

 

–Víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose.

 

–Víctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, entre otras causas, u orden de protección que haya quedado inactiva (las medidas impuestas ya no están en vigor), por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia.

 

–Víctimas a las que se haya denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas.

 

–Cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma.

 

Ahora mismo, una mujer trabajadora que sufre cualquier situación de violencia, aunque no haya iniciado los procedimientos para denunciarlo, podría solicitar el amparo a sus derechos laborales y prestaciones de la Seguridad social, contenidas en las Leyes, además de la protección policial, o de la atención asistencial por los servicios sociales que correspondan, facilitándose el acceso a través de una acreditación administrativa con eficacia en todo el territorio de España.

 

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