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Omisión de una factura o presentación tardía: ¿cuáles son las consecuencias? 

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Cuando acudimos a cualquier negocio para comprar un bien o un profesional nos ofrece un servicio, está obligado a emitir una factura.

 

Pero, ¿qué es exactamente una factura? En pocas palabras es un documento que certifica el intercambio de bienes y servicios indicando el coste, y permite a la persona que ha vendido un bien exigir el pago al comprador o a la persona que disfruta del servicio realizado.

En palabras aún más sencillas, podríamos definir una factura como un contrato entre un proveedor y un comprador.

Por supuesto, la factura debe detallar los bienes o servicios adquiridos y su precio.

 

Como en tantas otras áreas que han sido revolucionadas por las tecnologías de la información, también hay novedades en lo que respecta a las facturas: a partir del 1 de enero de 2019, la facturación electrónica es obligatoria incluso si la transacción es entre meros particulares. 

 

Sea como fuere la factura ya sea electrónica o no debe emitirse, evidentemente, la responsabilidad recae en ambas partes contratantes.

Por lo tanto, tratemos de ver qué ocurre con ambas partes en caso de retraso o no emisión o, de nuevo, retraso o no registro de la factura.

En cuanto al plazo de emisión de la factura hay que distinguir entre una factura inmediata y una factura diferida, una factura inmediata es una factura emitida en el mismo momento de la venta del bien o del pago del servicio.

 

Una factura diferida, en cambio, es una factura que se emite en un momento posterior a la compra de un bien o servicio. El vendedor puede emitir la factura y transmitirla al SdI (si se trata de una factura electrónica) y registrarla a más tardar el día 15 del mes siguiente al de la prestación del servicio.

 

Para entender mejor la diferencia entre una factura inmediata y una diferida, pongamos dos ejemplos.

 

La diferencia entre una factura inmediata y una diferida

Imagine que tiene un negocio y que un cliente, el 10/11/2022, le compra productos por un total de 400 euros. En este caso, se realizará una factura inmediata, que deberá ser enviada al cliente 15 días después de la fecha de compra; el registro, por su parte, podrá realizarse como máximo un mes después de la fecha de compra.

Esta es la factura inmediata.

 

Supongamos ahora que un cliente compra productos por un total de 400 euros en su negocio, pero paga el importe en dos plazos: el 5/11/22, es decir, la fecha de la compra, pagará 200 euros, y el 10/11/22 saldará la cuenta pagando los 200 euros restantes. En este caso, dispondrá de un mes para emitir la factura que sin embargo, deberá tener la fecha en la que el cliente liquidó la cuenta, es decir, el 10/11/22; por tanto la factura deberá registrarse siempre en el plazo de un mes desde la fecha de pago.

 

En este caso hablamos de una factura diferida.

 

Sanciones: esto es lo que se arriesga si no respeta los plazos o no emite una factura

Como hemos visto hay que respetar ciertos límites temporales pero ¿qué ocurre si no se cumplen los plazos que acabamos de ver?

 

Hay que recordar que no emitir una factura es un delito de evasión fiscal, lo que conlleva también la intervención de un abogado fiscalista, pero existen sanciones incluso en el caso de retraso en la emisión de una factura.

 

El importe de estas sanciones se calcula en función de la base imponible de lo evadido.

Obviamente, los casos varían y también dependen del tipo de negocio o del bien que se vende. 

En el caso de una actividad comercial como, por ejemplo, una tienda de ropa, la factura debe emitirse en el momento de la compra por parte del cliente; en el caso de un inmueble, la factura debe emitirse cuando se celebra el contrato, es decir, cuando se produce la transmisión de la propiedad.

 

Las sanciones entran en vigor cuando la falta de emisión de la factura impide la comprobación del pago del IVA. Así el comerciante es sancionado con una sanción administrativa que puede oscilar entre el 90 y el 180% de la base imponible evadida.  

 

Esto también se aplica a los que indican un impuesto inferior al real en la factura. 

 

Cuando los profesionales no emiten facturas

La situación es aún más compleja para los profesionales registrados, se trata de figuras profesionales como abogados, arquitectos o ingenieros. Para estos profesionales las sanciones son aún más duras, tanto en el caso de no emitir una factura, como en el caso de emitirla con retraso.

 

El profesional se arriesga incluso a ser suspendido de la actividad si en un periodo de cinco años se producen al menos cuatro casos de falta de emisión de factura. Las actividades sanitarias, educativas y culturales, la recaudación de impuestos o determinadas operaciones inmobiliarias implican facturas que no están sujetas al IVA.

 

En los casos señalados, la emisión sigue siendo obligatoria pero dada la exención del IVA las sanciones por no emisión son ciertamente menos severas, con un mínimo del 5% y un máximo del 10%.

 

¿Qué ocurre con el destinatario de la factura?

En una compra intervienen dos partes: por un lado está el vendedor y por otro el comprador.

 

Hasta ahora sólo hemos hablado de la responsabilidad del vendedor, pero se plantea la cuestión de si el comprador también es responsable si la factura no se emite o si tiene un precio diferente al que realmente ha pagado.

 

La respuesta es sí: el comprador también puede estar sujeto a sanciones y en particular puede recibir una sanción del 100% del impuesto adeudado.

 

Para evitar recibir la sanción, el comprador tiene derecho a pedir una factura o, en todo caso, puede denunciar la incidencia ante la Agencia Tributaria en los treinta días siguientes a la operación y emitir una autofactura.

 

Sin embargo hay que precisar que es el vendedor el responsable de emitir la factura y es él quien se arriesga a las mayores sanciones. 

 

Confiar en los profesionales

Sea cual sea el tipo de negocio, un empresario, comerciante o autónomo no puede evitar contar con profesionales experimentados que le ayuden en situaciones como las que acabamos de describir. 

 

La figura de un profesional no sólo puede evitar errores en la gestión financiera y jurídica de la actividad empresarial, sino que puede ayudar al empresario en la resolución óptima de estas cuestiones, en este caso, la intervención de un abogado de empresa es más que providencial. 

 

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